El actual ataque contra nuestra industria petrolera no resulta casual. Mucho tiene que ver el triunfo del pueblo venezolano sobre el sabotaje petrolero y, posteriormente el éxito del Plan Siembra Petrolera, hechos que, entre otros logros en materia de soberanía petrolera se resumen en el nuevo lema PDVSA Ahora es de Todos, cambiado precisamente poco después de fracasar las pretensiones desestabilizadora de la llamada meritocracia que entregó nuestra mayor riqueza mineral.

 Esta es una idea que no puede perderse de vista, pues estas trasnacionales intentan confundirnos en un discurso de supuestas faltas legales: si no se hubiera ejecutado el Plan Siembra Petrolera,  si no existiera PDVSA Centro de Arte La Estancia, ente dirigido a impulsar el desarrollo comunitario en la vertiente social, cultural y rescate patrimonial,  seguramente no se habrían suscitado jamás ese tipo de ataques.

Quise robarle unos minutos, sólo unos pocos a la presentación de la muestra José Félix Ribas, Héroe de Juventudes para hablar un poco sobre esta situación que nos tiene corriendo a todos los venezolanos; pero no desde la perspectiva falseada que brindan algunos medios de comunicación, sino a partir de los elementos que extraemos de la verdad verdadera, los mismos que manejamos quienes estamos en la empresa y le venimos dando seguimiento para contrarrestar sus efectos adversos.

En principio, y para entender mejor el trasfondo de la manipulación que pretenden perpetrar, debemos retrotraernos a los albores del proceso conocido como la Apertura Petrolera. Como bien aprendimos en la escuela, el petróleo, así como todos los bienes que yacen en el subsuelo, pertenecen al Estado –es decir, a todas y todos nosotros- por decreto emitido el propio Libertador Simón Bolívar. Sin embargo, la Constitución Nacional de 1961 establece que el Estado puede valerse de la contratación de servicios puntuales para la explotación de nuestra principal riqueza mineral, siempre y cuando el Estado permaneciera como legítimo propietario del hidrocarburo.

¿Qué significa esto? Que el Estado está en potestad de permitir a empresas foráneas la asistencia en materia tecnológica, incluso de servicio, para facilitar la extracción de nuestro petróleo, pagándoseles sólo por esa participación puntual. Pero, muy por el contrario a este principio, las trasnacionales petroleras practicaron la explotación directa de nuestro hidrocarburo, percibiendo la ganancia correspondiente –generosa, por lo demás- y cancelando compromisos –es decir, impuestos- como si prestaran un servicio menor. 

De esta manera, la nefasta Apertura Petrolera se convirtió en una brecha de penetración para todas esas empresas parásitas, con total complacencia de la directiva de la antigua PDVSA, de carácter apátrida, y la entreguista clase política de entonces, sólo atenta a defender los intereses de las cúpulas económicas. Así, sin ningún tipo de disimulo, pasaron a explotar, primero pozos unitarios, y con el tiempo regiones enteras.

“¿Y las ganancias?”, se preguntarán ustedes. Porque está perfectamente establecido y legal en cualquier país del mundo que toda empresa extranjera radicada en su suelo debe pagar ganancias, e impuestos, que no poco. De hecho, en materia petrolera, Inglaterra exige 70% de regalías y Estados Unidos 60%, aún cuando ambas naciones se proclaman a sí mismas liberales y presionan al resto del mundo para que eliminen las cargas arancelarias sobre sus productos.

Esa incongruencia de criterio en cuento a ventajas económicas se reflejó de manera salvaje aquí en Venezuela. Cuando a estas empresas dizque operativas pretendimos cobrarles regalías, pusieron el grito en el cielo. Alegaron que para extraer nuestro petróleo se requería tecnología de altísimo costo, y por ello las ganancias eran ínfimas. El para entonces Congreso Nacional, y los representantes de la antigua PDVSA, absolutamente plegados a los requerimientos de estos consorcios, fijaron apenas un 1% de regalías, que aceptaron a regañadientes.

Como si no resultara suficiente esa acto de traición, tranquilizaron a estas empresas diciendo: “bueno, no se preocupen; paguen el 1%, y si logran obtener ganancias de ese petróleo tan malo y pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco –porque hicieron creer eso, y resulta que es la mayor reserva del mundo- entonces nos pagan 16 y dos tercios por ciento”. Por supuesto, las corporaciones alegaron pérdida año tras año, por lo que por muchos años sólo cancelaron el 1% que era, en su opinión, demasiado.

Pero hubo más beneficios para esas empresas: les dijeron “bueno, ya que están aplicando tecnológica en uno o dos pozos, pues abran entonces 10, 20 pozos, la cantidad que sea y hagan lo mismo”. Ellas estaban obligadas por contrato a aplicar sus carísimas estrategias tecnológicas a nuestros deficientes pozos. Pasó que, como pagar 1% de regalía les resultaba tan barato, prefirieron dedicarse a sacar sólo el petróleo de la superficie para obtener más ganancias, y no aplicaron los métodos para mantener los pozos vivos, aún cuando decían hacerlo. El resultado: buena parte de nuestros pozos están muertos de manera prematura, cuando auguraban mayor tiempo de vida, si se les hubiese explotado de forma correcta.

Bajo estas condiciones de total complacencia y beneficio operaron los consorcios trasnacionales en nuestros campos petroleros durantes tantos años. Y esta situación llegó a su fin cuando, mediante las transformaciones de corte nacionalista, introducidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y la intervención ideológica de la antigua PDVSA y su dañina meritocracia, el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo desmontó este entramado de manera limpia y sistemática, dejando muy en claro la honra de compromisos por parte de Venezuela y estas empresas, para dar el salto hacia una relación productiva saludable, soberana y justa.

Sobre este particular, quiero resaltarles que tan adecuados y correspondientes fueron los términos de este proceso de transformación que, de las antiguas trece compañías petroleras presentes en el país, apenas una se negó a operar bajo las nuevas condiciones de soberanía y control de nuestro petróleo… ¿por qué? Por un asunto de incongruencia legal: como parte de la entrega perpetrada por el antinacionalista Congreso Nacional, permitió que las empresas petroleras trasnacionales decidiera por contrato la posibilidad de que la empresa petrolera venezolana –vela decir, el Estado- fuera juzgada por tribunales internacionales, en abierta diatriba con la disposición constitucional que nos insta a ser juzgados sólo por nuestras instancias nacionales.

En tal sentido, cabe destacar que de este proceso de transformación en las relaciones productivas petroleras, apenas se produjo una demanda. Y en cuanto a la petición, fuera de lugar de esta empresa, pues PDVSA y el país está respondiendo a este arbitraje, aun cuando se hace en un marco de ilegalidad, pues interponen la medida en Nueva York, y exigen una indemnización por el tiempo que duraría el convenio operativo –hasta 2028- pero fijado al precio actualizado del petróleo, sabiendo ellos que el precio del barril para entonces llegará quién sabe hasta cuánto.

Por otra parte, debe aclararse que, incluso en los litigios, hay reglas y hay principios morales. Es decir, la parte demandante y la demandada aceptan estar en desacuerdo y en exponer el caso ante un árbitro en igualdad de términos. Así las cosas, se adivina fácilmente la naturaleza fraudulenta de la demanda interpuesta por esta empresa al valerse del recurso Mareva Injuction, en la que no se notifica a la parte demandada y se basa en declaraciones juradas no certificadas. Y con esos testimonios no comprobados, el juez está en capacidad de dictar una primera medida. Después se habla de inseguridad jurídica en Venezuela…

Ese recurso de poca claridad jurídica lo acompañan entonces de una campaña de hostigamiento, de mandar cartas a todos los bancos tratando de desprestigiar a PDVSA, argumentando que no tiene solvencia, que no se le abra líneas de crédito. Y al final esta acción, que para vergüenza está sustentada en la declaración jurada de un abogado venezolano –eso no tiene otro nombre que Traición a la Patria- no afecta a los bancos, que conocen la solidez comprobada de nuestra industria petrolera, sino, en lo inmediato, a quienes compraron los bonos de PDVSA, ahora tambaleantes por esta campaña que sólo busca, como dijimos, hollar nuestra soberanía en desesperada recuperación de anteriores privilegios y entrega descarada de nuestra riqueza, a la que el pueblo y la nueva PDVSA dijimos nunca más.

Así, es esta una gran oportunidad para dar a conocer la verdad y decir nunca más a la nefasta Apertura Petrolera, al antiguo Congreso Nacional que aprobó esas asociaciones, a la conducta vergonzosa de los abogados venezolanos que fueron a traicionar a la patria… se trata, no de tener una posición oficialista o no oficialista, sino de una posición nacional. No se puede quedar uno tranquilo al saber que demandan a su propio Estado, su propio país. Y es en estos momentos en juntos, como pueblo, debemos seguir el ejemplo de próceres como José Félix Ribas, que sin importarle el poderío del enemigo, arengó a sus jóvenes combatientes diciendo ¡No podemos optar entre vencer o morir, necesario es Vencer!”.